La LOMCE o ley Wert es una chapuza que no parte de un
diagnóstico previo o Libro Blanco sobre los problemas de la educación; que no
cuenta con financiación para implementarla; que no tiene ningún consenso, sino
el rechazo más airado de la comunidad educativa, como se ha puesto en evidencia
en múltiples movilizaciones.
Como son maestros de la neolengua hablan de “calidad” e
incluso responsabilizan cínicamente al sistema educativo del nivel de paro
existente, cuando es bien sabido que muchos de los miembros de la generación
más y mejor preparada de este país se está yendo al exilio laboral o
científico. Pero su verdadera esencia es mandar el mensaje de que “hemos
estudiado por encima de nuestras posibilidades”. Porque lo cierto es que no
están dispuestos a invertir más en educación pública, por razones ideológicas y
de negocio. No les interesan ciudadanos formados, informados y críticos, para
un mercado de trabajo precario y una sociedad dual y cada vez menos
democrática. No quieren la mezcla social entre los hijos de familias de
diferente estatus socioeconómico.
Y porque se someten a los intereses mercantilistas: la
educación es un negocio que a nivel mundial supone un pastel de 2 billones de
dólares y que en España obtuvo casi 700 millones de euros de beneficios según
los últimos datos del INE. Por todo lo anterior, el objetivo que se ha trazado
el gobierno del PP es seguir trasfiriendo recursos del sector público al
privado y pasar del 3,6% al 2,9% del PIB, lo que supone unos 7.000 millones de
euros menos al año, muy lejos de la inversión que realizan los países de
nuestro entorno.
Durante la democracia se lograron importantes avances en el
desarrollo de la escuela pública: incremento de centros y profesorado, bajada
de ratios, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total
desde los tres años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas
populares. Estas conquistas están siendo atacadas hace tiempo por los gobiernos
de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora quiere convertir la
educación en un negocio. Con esta ley se consolidan los recortes que se vienen
aplicando y supone un duro golpe a la educación pública.
La educación pública española, por los compromisos de los
sucesivos gobiernos con la Iglesia católica y con la patronal de la enseñanza,
nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias
franquistas: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado
costeado con fondos públicos. La ley Wert es un salto en esa dirección.
- Segregación, con diversos itinerarios que supondrán
seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolos del tronco
común por tres vías: los llamados programas de mejora del aprendizaje, la
Formación Profesional Básica y los itinerarios en 4º de ESO. Cuanto antes se
segregue más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la
capacidad de cambio de niños y adolescentes. También convierte la educación en
una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Este modelo
educativo genera más fracaso escolar, más desigualdades y favorece una sociedad
aún más clasista.
- Confesionalidad, que nos retrotrae al nacionalcatolicismo,
con una asignatura de religión evaluable y con una alternativa dura para evitar
la fuga del alumnado del adoctrinamiento; eliminando Educación para la
Ciudadanía y demostrando que se cree más en la religión que en los valores
democráticos.
- Privatización y fortalecimiento de los conciertos
privados, al convertir a la educación en un bien individual y no un derecho
fundamental y no se garantiza la oferta de plazas públicas de nueva creación.
De esta forma se refuerza la doble red que crea discriminación, dándose la
paradoja de que entre todos financiamos a quien más tiene, mientras se suprimen
la atención a la diversidad y la función compensatoria de la escuela.
- Menor democracia. Se reducen las competencias de los
órganos colegiados y de la comunidad educativa, reforzando el poder y el
clientelismo de las direcciones de los centros
La LOMCE también quiere hacer legal lo ilegal con conciertos
para centros que segregan por sexo, contratación a dedo de profesores nativos o
publicación de rankings con los resultados de las pruebas externas.
Este retorno al pasado lo protagoniza Wert, el ministro más
desprestigiado de la democracia, con un 80% de rechazo a su gestión, que no
puede esperar que su ley tenga ninguna continuidad de futuro. Porque una ley
superideologizada, sectaria no ha conseguido ningún apoyo, excepto el de los
obispos. Nadie la respalda en el parlamento, ni el profesorado, las familias,
los estudiantes o los expertos en educación. Por ello, será una ley de muy
corto recorrido y frustrante, que acabará en el mismo momento en que se
produzca un cambio político progresista.
Es más, probablemente, junto al rechazo al austericidio, a
la privatización de la sanidad o a la reaccionaria reforma del aborto, será uno
de los elementos que más contribuyan al cambio político. Entre el profesorado,
las familias, el alumnado y la ciudadanía que forma el movimiento de la Marea
Verde en defensa de la Escuela Pública de todos y para todos crece cada vez más
la convicción de que hay que echar a este gobierno para que no acabe con todo.
Para asegurar el derecho a una educación de calidad que forme a personas y a
ciudadanos comprometidos con la mejora y el futuro de su país y de sus
habitantes.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6961/hemos-estudiado-por-encima-de-nuestras-posibilidades/
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