Ley Wert: Iglesia, empresa y
democracia
José Manuel Barreal San
Martín
Podría parecer que salir,
actualmente, en defensa de la Escuela Pública resulta manida y hasta obsoleta
tal actitud. Pero, no. Es decir, repetir que una escuela pública, laica y de
calidad para todas y todos, además de gratuita, democrática, participativa,
integradora, e igualitaria y que solo con ella y así, se conseguiría tener una
garantía de integración y cohesión social, no solo no está desactualizada, sino
que es urgente volver a decirlo alto y claro.
El Proyecto de Ley, la
LOMCE, que el gobierno del PP, de la mano del inefable Wert, quiere convertir
en el futuro modelo por el que se regirá la enseñanza pública en España, hace
que se tenga que volver a recordar y a defender los principios básicos
expuestos.
En mi opinión, dos son,
entre otros, los aspectos que hacen vislumbrar una educación pública puesta al
servicio no precisamente de todas las personas con derecho a una educación
pública de calidad. Me refiero: a) la enseñanza de la religión en la escuela
pública y b) la función integradora y democrática que debe de tener.
La regulación de la
enseñanza de la religión en la escuela ha suscitado en España controversias y
no pocos enfrentamientos a lo largo de los últimos años.
Como cabía esperar, la
mayoría absoluta del PP, y la anterior dejación de las otras mayorías que hubo
(PSOE) y la buena vecindad de los gobiernos de Zapatero con la Iglesia
Católica, ha vuelto a reabrir un nacionalcatolicismo que, en mi opinión, no
había desaparecido, pero que ahora, en buen lógica de la derecha, se recrudece.
La polémica gira, como siempre, en torno a la cuestión sobre qué lugar debe
ocupar la religión en los centros de educación pública. ¿Debe formar parte del
currículo escolar la enseñanza de la religión? Y, si formase parte, con qué
carácter ¿confesional o aconfesional? A mi juicio, el debate es falso. Lo único
que cabe decir es que en el marco de una Estado aconfesional la religión como
asignatura (voluntaria o no) sobra en el currículo de la Escuela Pública y por
añadidura, con ella, el profesorado que mediante el único “mérito” de ser
señalado por el obispo de turno se introduce como enseñante en la educación
pública. Sería, de una vez y por todas, la hora de una escuela libre,
democrática, laica y justa. De otra manera, el Estado abandona sus competencias
educativas para dejarlas en manos de la iglesia católica en todo lo relativo a
determinación del currículo, aprobación de libros de texto. Etcétera.
Para avanzar hacia el Estado
laico y, así, respetar la libertad de conciencia de alumnos y alumnas, y por
extensión, de todos los ciudadanos, se necesita, sin lugar a dudas, una reforma
de la Constitución que dictamine el carácter laico del Estado; una revisión
total de la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980; y tal vez, lo
primero de todo, la anulación de los Acuerdos entre el Vaticano y el Estado
español. Mientras se continúe como ahora, se seguirá retrasando el momento de
tener un estado moderno y europeo. El anteproyecto de la LOMCE elimina, de
facto, los derechos efectivos a la libertad de conciencia y libre elección de
todos los ciudadanos.
En lo referente a la
conexión educación-empresa el preámbulo de la LOMCE, que modifica la LOE,
considera a la educación como una actividad orientada principalmente a incidir
en el sistema productivo desde dos perspectivas que, reflejadas con claridad
posteriormente, son: espíritu “emprendedor” y formación para el empleo; es
decir, en ningún caso considera la educación como un bien público, un derecho
universal que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los
ciudadanos. En Román Paladino y para entenderse: formar, instruir para ser
buenos actores sumisos en el sistema de producción capitalista y de consumo. Un
ejemplo que corroboraría lo dicho es la supresión de materias que no son susceptibles
de “producir”, pero que sí serían educadoras de sentido crítico y sensible, me
refiero a la Filosofía o a la Educación para la Ciudadanía. Así, ese querer
formar “emprendedores”, digamos empresarios, hace peguntarse si todo el
alumnado tendrá las mismas oportunidades, al margen de su estatus social o de
sus capacidades.
No es pesimismo pensar,
insistiendo en la función integradora que la enseñanza pública debe tener, que
la disminución de un año del itinerario común y el adelantamiento de la opción por
el Bachillerato o la Formación Profesional sean un filtro clasista. Que esto
pueda ser así, lo hace prever que la FP se vaya a desarrollar no tanto en
centros educativos como en grandes empresas, que tendrán de este modo una
abundante, barata y precaria mano de obra.
En lo relacionado con el
funcionamiento democrático de los centros, la LOMCE modifica la LOE en lo
relativo a los Consejos Escolares, que si ya tenían poco que decir ahora nada
dirán ya que se introducen cambios sustanciales en las competencias de los
mismos en el sentido de convertirlos en órganos consultivos en lugar de órganos
de gobierno, hurtando la ya poca incidencia que la llamada comunidad escolar
(profesorado, padres/madres y alumnado) tenían en lo que afecta a la vida y
funcionamiento de los centros educativos. En el mismo sentido van los cambios
orientados a reforzar el poder del Director del centro en general, y
especialmente en la selección del profesorado.
Es fácil, pues, entender que
"la mejora educativa” que el tal Wert quiere introducir en la educación
española es una congruente apuesta por las élites sociales y económicas; es
decir al resto: las clases trabajadoras, los inmigrantes, las personas sin
recursos, que sus aspiraciones tienen un límite, que todos no somos iguales. Es
una ley que entra de lleno en el debate político e ideológico, no tanto en el
técnico ni en el exclusivamente pedagógico.
20/4/2013
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