DE CASTILLA Y LEÓN
La Enseñanza
Pública sufrió un recorte de más de 7.000 millones de €, de
35.000 puestos de trabajo mientras el alumnado crece con 600.000
nuevas matrículas. Castilla y León ocupa el séptimo puesto en
recortes de personal y es la tercera en recortes de presupuesto
educativo.
Para que no vuelva a darse un deterioro de la Educación ante los vaivenes económicos y políticos, como el producido en estos años de recortes del PP, con la intención última de dejar a la Enseñanza Pública como subsidiaria de los intereses privados, exigimos que se garantice constitucionalmente una inversión del 7 % del PIB.
Para que no vuelva a darse un deterioro de la Educación ante los vaivenes económicos y políticos, como el producido en estos años de recortes del PP, con la intención última de dejar a la Enseñanza Pública como subsidiaria de los intereses privados, exigimos que se garantice constitucionalmente una inversión del 7 % del PIB.
Tras
la llegada al poder del Partido Popular en noviembre de 2011
se aprobaron a golpe de decreto recortes y contrarreformas que se
cebaron en Educación con los
Decreto-ley 14/2012 y la LOMCE.
Medidas destinadas a reducir
el número de profesores/as
por la vía del incremento
de ratios,
del aumento
del horario de docencia
y
de jornada laboral
dejando
de cubrir sustituciones,
la congelación y/o fuerte limitación
de las ofertas de empleo,
la reducción
de unidades y enseñanzas,
el aplazamiento
de la implantación de los nuevos
ciclos de FP
y el incremento
abusivo del precio de matrículas y las reformas universitarias,
así como los intensos tijeretazos
en ayudas a las familias y al alumnado,
en las partidas para gastos
de funcionamiento, equipamiento e inversiones
en centros
públicos, que
han ocasionado un retroceso presupuestario, en los derechos laborales
y en el derecho a la educación, a la igualdad, sin precedentes.
Son
recortes muy significativos. En el periodo 2010-13 hemos
padecido un recorte presupuestario de más de 7.000 millones de
euros. El balance nos deja un retroceso de unos nueve años
en los presupuestos dedicados a la Educación, un recorte de más
de 35.000 profesores/as en las aulas de los centros públicos de
las enseñanzas no universitarias, que han visto crecer su
alumnado con 600.000 mil nuevas matrículas.
La
Universidad no se queda atrás. Más
de 1.500 millones menos de inversión que
nos sitúa en un presupuesto por
debajo
de 2006, mas de 8.000 empleos menos; 45.000 estudiantes "expulsados"
por la disminución de becas y ayudas y el endurecimiento de los
requisitos para acceder a éstas. A ello se une el incremento
de tasas
que han supuesto pasar de pagar el 16 % de la educación
universitaria al 22 % (en
la Comunidad estamos en la cabeza),
con el intento de sustitución por sistemas de préstamos (bancarios,
por supuesto) para expulsar aun mas de las aulas a quienes no puedan
costearse unos estudios cada vez más caros. Y, por si fuera poco, la
nueva reforma del
3 cursos de grado para pasar de 1 a 2 cursos de máster
a
precios
en
la mayoría de los casos inasumibles por los estudiantes y sus
familias al
duplicar su ya altísimo coste.
A la par, al calor del negocio y de las políticas privatizadoras del
PP, la universidad privada gana terreno.
Y
la Comunidad ha superado la media de los recortes: los Presupuestos
en Educación han caído un 19,3% en el periodo 2010-2013 siendo la
tercera CCAA en el ranking de recortes, solamente superada por
Castilla la Mancha y Cataluña: Recortes
en inversiones y equipamientos; en gastos de personal con al
congelación salarial y el despido de 1800 docentes (el 7º lugar en
el ranking de CCAA) cuando las matriculaciones crecían un 6%, con el
consiguiente aumento de ratios y el abandono de programas apoyo y
atención a la diversidad. Recortes
a ayudas a familias e instituciones locales y en gastos corrientes de
funcionamiento y de servicios en los centros públicos, lo que ha
provocando importantes dificultades para su buen funcionamiento
mientras que los centros concertados, apenas se resienten, lo que
indica por donde van las
prioridades de la Junta de CyL.
Contra
esta degradación intencionada de la Educación, las plataformas por
la Escuela Pública y las mareas verdes nos hemos venido manifestando
reiteradamente. Y ante esta situación, solo gracias al esfuerzo de
alumnado y familias y a la profesionalidad del profesorado, a su
compromiso y su perseverancia, la enseñanza pública ha resistido
y soportado todos estos envites en los que se ha visto envuelta
en los últimos tiempos.
Por
ello queremos trasladar un mensaje claro al futuro Gobierno
Central y al actual de de Castilla León para que se comprometan con
la derogación de los recortes educativos, en una primera
instancia, con la recuperación del gasto público educativo y
de los derechos laborales del profesorado, intensamente
recortados en esos últimos cursos.
Se
necesitan compromisos presupuestarios para revertir y aumentar
el porcentaje del PIB destinado a la educación que ha pasado de
un 5’1% a un 4’23%, por debajo de 2005 y un PIB más bajo que
Afganistán (4,6%), Burundi (5,4%) o Colombia (4,9%) y muy lejos de
Finlandia (7,2%), Francia (5,5%) o Bélgica (6,4%). Sobre todo y
en especial prioritariamente el destinado a los centros públicos,
tras los intensos retrocesos y dificultades que el profesorado,
el alumnado, las familias y el sistema educativo han padecido en los
últimos cursos.
La
mejora de la educación no se impone con discursos baratos e
hipócratas, como
el del Ministro en la presentación de los presupuestos en educación:
“cualquier recurso empleado en el alumnado es el más rentable de
las inversiones”. En la mano llevaba los recortes del Gobierno del
PP, que,
una
vez más,
empeoraban las condiciones del profesorado
y de su reconocimiento social, de la
calidad de la educación y de la atención educativa
a
nuestro alumnado.
Recortes que constituyen
una amenaza contra el futuro del País.
Por
todo ello es
el momento, ahora más que nunca
de exigir por el futuro de todas y todos:
Una
derogación
urgente de recortes que
dificultan la tarea educativa y la recuperación
de las dotaciones presupuestarias
para los centros Públicos. Una
disminución ratio alumnado-profesorado,
para garantizar la atención
adecuada a la diversidad y al medio rural. La reversión de las
normativas que impiden la creación de puestos de trabajo eliminando
la limitación a la tasa de reposición.
La cobertura
inmediata de sustituciones.
La eliminación
de los privilegios de la religión en las aulas,
sobre todo respecto a ratio y horarios, que choca con una enseñanza
pública laica. Un reconocimiento
social y laboral del profesorado de la Enseñanza Pública
que sustituya
la competitividad impulsada
por el gobierno del PP, por
la cooperación más
acorde al trabajo en equipo. El aumento
de financiación a las diferentes líneas de investigación, la
racionalización de las titulaciones en función del interés
público,
el
incremento inmediato
de
becas y ayudas
y
la disminución del precio de las matrículas.
Exigimos,
pues, al nuevo Gobierno la
reversión
en
los presupuestos educativos y la derogación de la LOMCE y reformas
universitarias, como primer paso. Y que
se garantice constitucionalmente una inversión de al menos el 7% del
PIB en Educación así como la
elaboración de nuevas leyes educativas con el consenso de la
comunidad educativa y de la sociedad, a la que emplazamos para la
participación en su elaboración y en las movilizaciones. El 8 de
mayo hemos planteado manifestaciones en toda la región para
conseguir esos objetivos y para que ese Gobierno haga
frente a los nuevos recortes de 10000 € con los que amenaza
Bruselas, para que no sea la Educación una marioneta ante los
vaivenes económicos y políticos y para que no se vuelva a dar el
deterioro que ha sufrido con los recortes brutales del Partido
Popular, con la intención última de privatizar y de dejar a la
Enseñanza Pública como subsidiaria de los intereses privados.
En Castilla y León a 22 de Febrero de 2016
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