SITUACIÓN ESCOLAR FINAL DE CURSO.

Breve análisis del curso 2021-2022

Durante el presente curso, poco a poco, se ha intentado recuperar la “normalidad pre-pandemia” en los centros escolares; en parte por la vuelta total a la presencialidad y las cada vez menos frecuentes cuarentenas para alumnado y docentes, y por el final de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en clase. Y esta normalidad, por lo visto, también implica normalizar la tendencia al maltrato a los centros escolares y a los colectivos docentes, alumnado y familias por parte de la Consejería y las Direcciones Provinciales.

Desde la Plataforma denunciamos que este curso escolar termina siendo un caos, pero no por causas externas, ajenas o difíciles de prever o gestionar, como fue el caso COVID, sino por el modus operandi habitual por parte de la administración.

Para empezar, decir que la oferta de empleo público es insuficiente para reducir la altísima tasa de interinidad que sufre el sector es ser muy benevolente. Textualmente de un comunicado del sindicato CGT:

Esta oferta clave debía dar cumplimiento a la Ley 20/2021, que busca en primer lugar reducir la temporalidad al 8%. En segundo lugar, esta ley, ya de por sí pobre porque no protegía a las personas que llevaban años o décadas precarizadas o en fraude de ley, podía al menos servir para estabilizar a algunas, pero desde luego no en los términos en que la ha interpretado la Junta de Castilla y León.

La Oferta Pública de Estabilización es ínfima. Contempla 1324 plazas, a las que hay que sumar 1103 de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de años anteriores. Con el total de 2427 plazas es imposible acercarse al objetivo del 8%, ya actualmente están en esta situación el 25-30% de los 28000 docentes, porcentaje que en provincia de Burgos es más alto. Además, solo 561 salen en concurso de méritos, la opción más favorable a los interinos en fraude de ley.

En segundo lugar, la publicación de los borradores de currículo a final de curso, y las instrucciones de fin de curso con el adelanto del final de las clases lectivas y el calendario de las pruebas extraordinarias. Obligar a simultanear repasos con alumnado que tiene materias no superadas con “entretener” al alumnado que tiene la materia aprobada es en sí mismo un despropósito. Y, además, imponiendo como metodología el aprendizaje basado en proyectos sin formación previa y sin que se den los tiempos necesarios. Esto demuestra la total desconexión de la Administración con la realidad de los centros y con el trabajo que se realiza en las aulas y su única utilidad va a ser la de neutralizar una forma de trabajo que cada vez se está demostrando más eficaz y motivadora, pero que casa poco con el espíritu autoritario de nuestros gobernantes.

Queremos también denunciar el acuerdo firmado entre los sindicatos de la mesa sectorial y la Junta en enero por el que, supuestamente, mejoran las condiciones docentes y que va a suponer que todo se quede igual que estaba: reducción de ratios que pasan, en primaria de estar en 25 por clase a “entre 22 y 25” en secundaria de 30 a “entre 27 y 30” y en bachillerato de 35 a “entre 32 y 35”. De facto supone que va a seguir igual ya que se opera con la tasa mayor permitida. Y lo mismo con el aumento de profesorado de Audición y Lenguaje y Profesorado Terapéutico, no se concreta la cuantía de aumento docente ni la reducción de sus ratios. Conclusión, seguiremos igual, pero con más recursos para la concertada.

En este curso se ha estado llevando a cabo el proceso de implantación de la educación gratuita en el curso de 2-3 años del primer ciclo de Educación Infantil. La Junta de Castilla y León decidió implementar la gratuidad de esta etapa educativa pero NO contempló la posibilidad de que fuera en los centros educativos públicos de infantil y primaria, de los que es administradora.

Después de las demandas y denuncias por parte de la Plataforma por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Castilla y León, y por la obligación de inversión en centros públicos de los fondos europeos que van a emplear en esta gratuidad, finalmente, la Consejería de Educación ha realizado de forma totalmente ocultista, sin criterios conocidos, sin ninguna regulación normativa específica, la inclusión de centros educativos públicos en la lista de centros adheridos a la gratuidad de la etapa 2-3 años.

Esto lo podemos llamar “chapuza” en el mejor de los casos, e “intento de privatización de la educación pública desde la base”, si lo observamos con perspectiva.

Chapuza porque para poder poner en marcha aulas de esta etapa, son necesarias adaptaciones y obras en los edificios de los colegios públicos, con lo que en el proceso de admisión las familias han tenido que “confiar” en que esas instalaciones vayan a estar listas para el inicio del próximo curso, y se han encontrado los centros sin proyectos educativos desarrollados para esta etapa. Esto ha sido una auténtica desventaja de salida para nuestros colegios públicos y para las familias que deseaban matricular a sus hijos o hijas en ellos.

Intento de privatización porque las cifras lo demuestran: en las ciudades se han admitido muchos más centros privados que públicos en la adhesión a la gratuidad de esta etapa.

Ponemos de manifiesto el olvido y falta de equidad en el acceso de las zonas rurales: muchas zonas se han quedado sin la posibilidad de acceso gratuito a esta etapa, por desinformación de ayuntamientos, o por la decisión de ignorar los centros públicos de algunas localidades.

En definitiva, la administración educativa de nuestra comunidad atacando frontalmente a la escuela pública.