Este es el curso de la implantación de la LOMCE, una ley que el Partido Popular ha aprobado en solitario, sin escuchar a ningún sector de la comunidad educativa: docentes, familias y alumnado. La implantación de esta nueva ley se realiza con los presupuestos más bajos con los que ha contado la educación pública desde 1987 debido a los recortes, sin el presupuesto extra que exige, con lo que a ese 40% menos de presupuesto con el que cuentan los centros hay que añadir la parte que la implantación de la LOMCE se va a comer.
En Burgos, vemos cómo con esta ley se va imponiendo una educación de dos velocidades que ya llevamos dos años denunciando. Por una parte, la escuela rural está siendo desmantelada a velocidad de vértigo, desaparece la educación compensatoria, el profesorado de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, vemos cómo se elimina la optatividad en la ESO y cómo se limitan los desdobles hasta extremos vergonzantes: en muchos centros se obliga a impartir clase con alumnado de varios niveles cuando cuentan con un número superior a quince alumnos. Mientras tanto, no se escatiman medios para proyectos para la galería de la Consejería de Educación: el bilingüismo mal concebido y los bachilleratos llamados de excelencia que pueden contar con clases de un solo alumno en la capital.
Dentro de esa obsesión por convertir la escuela en un negocio vemos también cómo los comedores escolares van pasando a manos de empresas de catering, a pesar de contar con cocina y trabajadoras en el centro para realizar esa función. Los niños y niñas ya no comerán comida recién hecha, sino que tendrán que comer comida elaborada y plastificada desde siete hasta veinte días antes. Este sistema no solo empeora la calidad de la comida que reciben los pequeños, sino que supone un despilfarro vergonzoso, ya que toda la comida que sobra es tirada directamente a la basura sin que pueda ser aprovechada por el personal de cocina o comedores sociales. Sin contar con el peligro real para la salud de nuestras hijas e hijos, como ya ha sucedido en dos provincias de esta misma Comunidad, donde se ha encontrado en la comida larvas de gusano.
Los centros cuentan con presupuestos que tan solo les permiten sufragar gastos corrientes, como la calefacción o la electricidad, pero no cuentan con dinero para renovar o adquirir material escolar. Esto está causando no pocas dificultades en los Centros de Formación Profesional, en los que cada vez que algo se estropea no hay forma de sustituirlo o arreglarlo y el alumnado se queda sin realizar ciertas prácticas. Y en lo laboral, en estos centros se ha intentado incumplir (y en parte se sigue incumpliendo) el acuerdo por el cual el profesorado tiene derecho a la guardia lectiva como en otros centros de secundaria y como se viene aplicando en el resto de provincias de la Comunidad Autónoma.
A los padres y madres se les niega el derecho a decidir cómo quieren que sea la educación que sus hijos e hijas reciben, negando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión. Es el más claro ejemplo de intervencionismo estatal y falta de democracia que pueda darse, mostrándonos en qué consiste en realidad el neoliberalismo al que se adscriben nuestros gobernantes: libertad solo para el que se la pueda pagar, para el resto control estatal, caridad y represión.
Por todo ello, la Plataforma Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos denuncia el rumbo que está tomando la educación, un derecho básico fundamental, y exige al señor Santillana que dé marcha atrás en los recortes al medio rural y que presione a la Consejería de Educación de Castilla y León para evitar las desastrosas consecuencias para nuestra región a las que nos llevan indefectiblemente la LOMCE y estos presupuestos educativos.
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